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Plataforma Nacional de Proveedores del Estado

La Plataforma Nacional de Proveedores del Estado (el “Portal”) ha sido creada recientemente por el Decreto-ley 72/2018, de forma a agilizar la funcionalidad de los procedimientos de contratación del sector público.
Esta plataforma, que deberá entrar en vigor el 1 de enero del 2019, consiste en una plataforma online, donde se puede encontrar una gran variedad de informaciones referentes a la situación contributiva, tributaria e idoneidad de los proveedores del Estado, aplicándose a los procedimientos de formación y ejecución de contratos públicos, así como también a las personas físicas y colectivas que participen en los mismos.
La plataforma será gestionada por la Agencia Tributaria y Aduanera, por el Instituto de Seguridad Social, I.P. y también por la Dirección-General de la Administración de Justicia, teniendo como destinatarias las personas físicas y colectivas, nacionales o extranjeros, que participen en estos procedimientos o que hayan celebrado un contrato público.
La principal ventaja de la creación de la Plataforma será la agilización del proceso de verificación y de comprobación de la inexistencia de impedimentos a la contratación pública, simplificándose la verificación de los requisitos necesarios para la contratación de proveedores del Estado (particularmente los referentes a la habilitación de los adjudicatarios y a su situación tributaria y contributiva), permitiendo una mayor nitidez de los procedimientos contractuales y el acceso facilitado por las entidades públicas (directamente o por intermedio de las plataformas electrónicas de contratación) a este conjunto de informaciones.
Además, los proveedores inscritos en la Plataforma quedarán dispensados de presentar los mismos documentos ante cada entidad adjudicadora, como por ejemplo el certificado de antecedentes criminales de los proveedores y de los respectivos titulares del órgano de administración.
Efectivamente, estarán disponibles en la Plataforma, para consulta por las entidades públicas, una panoplia de datos, tales como, información sobre la situación tributaria ante la AT y sobre la situación contributiva ante la Seguridad Social e información sobre la idoneidad del proveedor y de los titulares del órgano de administración (verificando la inexistencia de anotaciones en los respectivos antecedentes criminales). Si el proveedor así lo considera, podrá presentar en la plataforma más datos todavía, como por ejemplo los referentes a la identificación del proveedor y de los titulares de su órgano de administración, información sobre el estado de su actividad ante la AT y la Seguridad Social, identificación de licencias o autorizaciones para el ejercicio de la actividad, entre otros.
Incluso en lo que respecta a las declaraciones sobre compromiso de honor, estarán disponibles en la plataforma los respectivos modelos electrónicos.
En lo que concierne al registro en la plataforma digital, es de la iniciativa de los proveedores, manifestando en ese momento su consentimiento para que sus datos e informaciones estén disponibles. Resta añadir que la inscripción en la Plataforma y la manutención de los antecedentes penales implica el pago de una tasa anual, la cual no se encuentra todavía definida. Además, la cancelación del registro implica la eliminación de los datos personales de los proveedores del Estado y de los titulares de sus órganos que en la Plataforma se encuentren inscritos. Note todavía que la Plataforma permite que se determinen diferentes niveles de acceso a la información, según los destinatarios sean empresas públicas, empresas gestoras de plataformas electrónicas de contratación pública, proveedores, entidades fiscalizadoras o ciudadanos en general.

El contenido desta información no constituye asesoramiento jurídico específico: esto supone una situación concreta claramente definida. Póngase en contacto con nosotros para cualquier aclaración adicional sobre la aplicación de la ley.

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