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Newsletter Marzo 2021

Legal Updates

Covid-19 Y su Impacto en La Actividad Judicial Y Administrativa

Se aprobó y publicó la Ley 4-B/2021, de 1 de febrero, en la cual se establece un régimen de suspensión de los plazos procesales y de tramitación derivado de las medidas adoptadas en el contexto de la pandemia de la enfermedad COVID-19, modificando por novena vez la Ley 1-A/2020, de 19 de marzo. Este nuevo régimen excepcional fue adoptado a raíz de la situación epidemiológica actual, que también se refleja en la actividad judicial y administrativa.

Según la ley, por regla general, se suspenden todos los trámites y plazos para la práctica de actos procesales, procedimentales y administrativos en casos no urgentes. No obstante, se prevén excepciones cuando todas las partes estén de acuerdo o acepten y declaren expresamente que pueden garantizar la realización de actos y procedimientos a través de los medios telemáticos adecuados.

Los procedimientos, actos y medidas que se consideren urgentes por ley o por decisión de la autoridad judicial seguirán su curso, sin que se suspendan o interrumpan los plazos, actos o medidas.

La Ley 4-B/2021 produce efectos a partir del 22.01.2021, hasta que se publique un nuevo decreto-ley que declare la finalización de este régimen excepcional.

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Norma Sobre Procedimientos De Insolvencia Declarada Inconstitucional

En la reciente Sentencia nº 70/2021, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad con carácter general de la norma resultante de la combinación del artículo 15 del Código de Insolvencia y Recuperación de Empresas y el artículo 629.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Aplicando estas dos disposiciones legales, el recurso ordinario contra una decisión judicial sólo es admisible cuando el valor de la acción legal exceda la competencia del tribunal del que se recurre, mientras que, en el caso de la insolvencia, la regla general es que el valor del crédito se determina por el valor de los bienes del deudor indicados en la petición.
El Tribunal se opuso a este resultado, y declaró que en caso de recurso contra la decisión que rechaza la solicitud de liberación de las responsabilidades restantes, esta regla no puede aplicarse, y el valor de la causa en estos casos debe corresponder al valor de las responsabilidades de las que los interesados desean liberarse, debido al principio constitucional de igualdad.

La aplicación combinada de estas disposiciones había sido juzgada anteriormente como contraria a la Constitución en casos concretos, pero la declaración con carácter obligatorio y general viene consolidar este entendimiento e impedir la perpetuación de esta interpretación normativa.

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Business Updates

Impuesto De Netflix, ¿Otro Coste Para El Consumidor?

El impuesto sobre las plataformas de streaming como Netflix, HBO y Disney+ entró en vigor el pasado 17 de febrero, habiéndose promulgado aún durante 2020, a través de la Ley nº 74/2020, de 19 de noviembre.

Los citados operadores de servicios audiovisuales a la carta por suscripción estarán sujetos al pago de un impuesto del 1% sobre los ingresos relevantes de dicho sector o, en caso de que sea imposible determinar el valor concreto, se supondrá que el valor anual del impuesto será de un millón de euros.

La finalidad de este impuesto es el desarrollo del arte cinematográfico y del sector audiovisual, y revierte en los ingresos propios del Instituto do Cinema e Audiovisual, I. P.

Sin embargo, dada la necesidad de regulación, aprobación y publicación por parte del Gobierno en un plazo de 60 días, puede decirse que, en sentido estricto, este impuesto aún no está en vigor, y es el momento de considerar las consecuencias que la inclusión de otro impuesto puede traer para los consumidores, que podrán pasar a soportarlo a través de un aumento de los precios de las suscripciones.

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Nuevo Régimen Para La Firma Electrónica

El 9 de febrero se publicó el Decreto Ley 12/2021, que regula la validez, eficacia y valor probatorio de la estampación de la firma electrónica en los documentos digitales, garantizando la aplicación de las disposiciones del Reglamento (UE) 910/2014.

La firma en formato electrónico permite dar a conocer la autoría de un documento electrónico, con el fin de conseguir los mismos efectos que los de una firma autógrafa estampada en documentos en forma escrita sobre papel.

Además de la firma electrónica, el Decreto Ley también regula los sellos electrónicos, los sellos de tiempo, la marca de confianza «UE», los servicios de entrega electrónica registrada y los servicios de certificados para la autentificación de sitios web.

La firma electrónica es una posible solución para la celebración de contratos a distancia, como es el caso de los contratos laborales o de prestación de servicios, facilitando las transacciones comerciales entre las partes implicadas y promoviendo la confianza de los ciudadanos en la utilización de estos mecanismos.

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